(El Grupo Casino es propietaria de la cadena supermercados Éxito, en Brasil.)
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En un contexto nacional de creciente ecologismo a nivel político y social, una noticia golpea la fachada verde que había construido Francia con tanto cuidado. Organizaciones indígenas de Colombia y Brasil han presentado una demanda contra una multinacional francesa. En ella se hace a la empresa responsable de delitos de deforestación y violación de derechos humanos cometidos en estos dos países.
Grupo Casino, así se llama la cadena de distribución que ha sido denunciada. El Grupo Casino tiene establecimientos repartidos por todo el mundo. El modelo de negocio consiste en la constitución de distintas marcas complementarias de supermercado en cada país. En Francia, son los propietarios de Monoprix, Leader Price, SPAR o FranPrix, por citar algunos de los más conocidos. En Brasil y Colombia controlan las marcas Extra y Éxito. Es de estas marcas de donde han surgido los problemas planteados en la demanda. Según el diario alemán DW, su actividad en Colombia y Brasil representa el 47% de los ingresos anuales del grupo.
La denuncia fue presentada el pasado 3 de marzo ante la corte de la ciudad de Saint-Etienne, al sur de Francia, por once asociaciones representantes de pueblos indígenas de la Amazonía brasileña y colombiana, junto ONGs internacionales. En su escrito, acusan a la empresa de no haber tomado las medidas suficientes para mitigar los daños medioambientales causados por algunos de sus proveedores, convirtiéndose así en corresponsables de los delitos de deforestación y vulneración de derechos humanos.
La denuncia no viene en el mejor momento para Francia, que intenta ponerse al frente de un esfuerzo europeo para mitigar los incendios y la tala en el Amazonas, el llamado “pulmón del planeta”. A estos efectos, el presidente Macron se encuentra enfrascado en la polémica surgida tras el rechazo del Tratado de comercio entre Europa y Mercosur, el espacio de libre comercio creado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Según el presidente, las negociaciones están “paradas” hasta que no se modifique el tratado para incluir mecanismos más severos que permitan castigar la destrucción de la selva amazónica.
Según la información recabada por Envol Vert —la organización ecologista franco-colombiana encargada de realizar la investigación— hay evidencias de que la ganadería brasileña está ligada a la deforestación y la violación de los derechos de los indígenas. Según Daisy Tarrier, directora de Envol Vert, “el Grupo Casino no puede demostrar que la producción de carne de sus proveedores no está vinculada a la deforestación y el acaparamiento de tierras, ya que no ha habido suficientes políticas de control al respecto”.
La empresa no ha contestado a esta acusación en concreto, pero ha dicho al diario DW que “la filial brasileña GPA tiene una política sistemática y rigurosa de control del origen de la carne de vacuno suministrada por sus proveedores”, aunque no proporciona información concreta al respecto, y se limita a subrayar lo que ya está expuesto en su página web. La empresa no ha entrado a valorar un posible fallo en sus protocolos, o una omisión voluntaria ante la necesidad de proveer, por los medios que fuesen necesarios, de carne barata a los supermercados brasileños y colombianos.
Un ejemplo adicional servirá para mostrar las dos caras de una Francia que, al menos dentro de sus fronteras, se muestra preocupada y trata de avanzar en la protección del medioambiente. Esta es la reciente introducción en la ley del “delito de ecocidio”. No ha sido idea del gobierno, sino de la Convención Ciudadana por el Clima, de la que hablamos aquí en otra ocasión. El objetivo de esta introducción es castigar a las empresas o individuos responsables por daños causados al medioambiente. El nuevo delito recoge multas que pueden llegar hasta los 4,5 millones de euros y 10 años de prisión.
Además, la denuncia llega en un momento desafortunado, ya que podría servir para dar más argumentos al mandatario brasileño para desestimar y acusar, como ya ha hecho, de “hipócrita” y “colonialista” la actitud del francés. Con esta denuncia se pone en duda el compromiso de Francia, más allá de una táctica política de su presidente en vistas a las elecciones del próximo año. Por tanto, el país francófono se encuentra en una encrucijada, entre el comercio capitalista a la vieja usanza, o la búsqueda de nuevas formas de comercio que sean más respetuosas con el planeta. Sin la primera no se puede tener crecimiento económico, pero sin la segunda desaparece el lugar en el que comerciamos. La decisión no es fácil.
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Daniel Alonso Viña
Publicado el 19 de abril de 2021 en LawyerPress/París a Juicio
